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Italia puso en duda la "viabilidad técnica y económica" de la medida y subrayó que el potencial de mejora es mucho más limitado en estos vehículos que en los turismos -para los que se adoptó una normativa similar en 2008-, por ello solicitó que se amplíe el plazo de adaptación hasta los cuatro años y se reduzcan las sanciones previstas para los infractores (120 euros por vehículo y gramo emitido de más).

Francia consideró que el objetivo propuesto por la Comisión Europea (CE) para 2020 "es muy ambicioso teniendo el cuenta el peso y el volumen de estos vehículos" y pidió que se introduzca una cláusula de revisión basada en un estudio de impacto que lleve a cabo Bruselas.

Alemania también se mostró tajante y dijo que exigir a los fabricantes que reduzcan las emisiones de C02 en un 33% en los próximos diez años "no es viable".

La comisaria europea de Medio Ambiente, Connie Hedegaard, por el contrario, consideró que "el reglamento es necesario" y aseguró que "los fabricantes pueden cumplirlo" y recordó que la media de emisiones de este tipo de vehículos en la actualidad es de 203 gramos por kilómetro, por lo que la aplicación de la medida supondría una reducción media del 13%.

La organización ecologista Greenpeace difundió hoy un comunicado en el que opina que las emisiones de los vehículos comerciales ligeros deberían reducirse en 2020 en un 40%, en línea con las exigencias ya existentes para los coches de pasajeros.

"Después de años de inacción, la industria del motor por fin da signos de movimiento respecto a la eficiencia del combustible. La UE necesita estándares altos para no desperdiciar este impulso", aseguró una portavoz de Greenpeace, Franziska Achterberg.

Esta medida, propuesta por el Ejecutivo el pasado octubre, ya fue objeto de críticas entonces por parte de las organizaciones ecologistas que consideran que Bruselas cedió ante las presiones de la industria automovilística al rebajar el nivel de ambición pensado para la normativa en un principio.

El entonces comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, no desmintió las acusaciones y se limitó a señalar que de no haber llegado a este acuerdo no habría ninguna propuesta y confió en que el Parlamento Europeo y los países reforzasen la medida cuando le llegase el turno de pronunciarse sobre el texto.

La Unión Europea (UE) adoptó en 2008 una normativa similar para turismos nuevos, que obligaba a los fabricantes a reducir las emisiones de CO2 a 130 gramos en 2015 y a 95 gramos en 2020.

La nueva legislación se enmarca dentro de los esfuerzos comunitarios para reducir en un 20 por ciento las emisiones en 2020 y constituye un elemento clave debido a que el CO2 procedente de los transportes creció un 36 por ciento entre 1990 y 2007, frente al 9 por ciento de aumento registrado en el resto de sectores.

La industria automovilística ha presionado para rebajar el nivel de ambición de la medida con el argumento de su inoportunidad dado el contexto de crisis actual y ha asegurado que podría traducirse en costes adicionales de entre 2.500 y 6.000 euros por vehículo, lo que elevaría los precios finales hasta en un 10 por ciento.